Importante fallo de la Corte Suprema respecto de la libertad sindical. Sus efectos.

El 9 de diciembre de 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió sobre el alcance de la "organización sindical libre y democrática" que garantiza el art. 14 bis de la Constitución Nacional, y declaró la inconstitucionalidad del art. 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales (L.A.S.), generando con ello enorme repercusión política, y gran expectativa empresarial respecto de la eventual sanción de una nueva L.A.S. que fije pautas más claras que la actual.

En el caso en cuestión, (CSJN, "Rossi, Adriana María c/ Estado Nacional - Armada Argentina s/ Sumarísimo", 9/12/09), una trabajadora en relación de dependencia, presidente de la Asociación de Profesionales de la Salud del Hospital Naval (PROSANA), entidad simplemente inscripta, y miembro titular del Consejo Federal de la Federación Médica Gremial de la Capital Federal (FEMECA), sindicato de segundo grado con personería gremial, impugnó la suspensión y el cambio de lugar de prestación de tareas dispuestas por su empleador, la Armada Argentina, en violación a la protección sindical y sin previa autorización judicial.

Para basar su impugnación, esgrimió la inconstitucionalidad del art. 52 de la L.A.S., afirmando que al limitar el otorgamiento de tutela sindical a aquellos representantes de los sindicatos que tengan personería gremial (en el caso, la Unión del Personal Civil de las Fuerzas Armadas -PECIFA-), se viola el art. 14 bis de la Constitución Nacional y los tratados internacionales ratificados por la República Argentina, que reconocen la libertad sindical, otorgando una protección especial contra los hechos de discriminación sindical dirigida a los trabajadores, sin distinción de ninguna naturaleza.


La Corte, en interesante fallo, declaró la inconstitucionalidad del art. 52 de la L.A.S., por entenderlo incompatible con:

a) el art. 14 bis de la Constitución Nacional;

b) diversas normas incluidas en tratados internacionales con jerarquía supralegal, a saber: art. XXII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 23.4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 16.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 22 del Pacto Internacional de Derechos Civil y Políticos, art. 8.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convenio Nº 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y observaciones individuales de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT de los años 1989, 1991, 1993, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004, 2006 y 2008;

c) reciente jurisprudencia emanada del mismo tribunal (CSJN, "Asociación Trabajadores del Estado c/ Ministerio de Trabajo", Fallos 331:2499, 11/11/2008).


La afectación constitucional y la injusticia de dicha norma, según la Corte, radican en que:

a) obliga a los trabajadores que se dispongan a actuar como representantes gremiales, a adherirse a sindicatos con personería gremial, a pesar de que pueda existir un sindicato simplemente inscripto en el mismo ámbito, y que sea de su preferencia;

b) ataca la libertad sindical y discrimina negativamente a los sindicatos simplemente inscriptos y a sus representantes, ya que les otorga menor protección frente a los que tienen personería gremial.


Como derivación de este importante fallo de la Corte Suprema, y hasta tanto el Congreso de la Nación sancione una nueva L.A.S. que fije pautas claras y adecuadas a normas de jerarquía superior, podrán coexistir trabajadores con tutela sindical que representen a diferentes sindicatos dentro de una misma empresa.

Las empresas deben tener presente que los trabajadores que notifiquen fehacientemente su postulación u ocupación de cargos electivos o representativos sindicales, independientemente de que tengan personería gremial o no, gozarán de tutela sindical con protección especial ante el despido, suspensión, o cambio de condiciones de trabajo (tareas, lugar u horario).

La Corte, en definitiva, propone una intepretación más limitada del poder de rescisión contractual, del poder disciplinario, y del ius variandi, respecto de la parte empresaria.

Y es esa una importante cuestión a tener en cuenta, si se pretenden evitar conflictos de intereses.

Modificaciones al Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y Ley Tarifaria 2010.

Por medio de la ley 14.044, publicada con fecha 16/10/2009, la Provincia de Buenos Aires introdujo modificaciones al Código Fiscal, y estableció las alícuotas correspondientes a los diferentes impuestos provinciales para el período fiscal 2010.

Respecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, se prorrogó hasta el 1/11/2011 la implementación de las exenciones para determinadas actividades industriales, entre otras, las de ciertas bebidas alcohólicas y analcohólicas, tabaco, especialidades medicinales, y refinería de petróleo.

También se instauró un adicional de dicho impuesto para la actividad portuaria, que deberá ser abonado por quienes presten servicios de manipulación, de carga, almacenamiento y depósito, explotación de infraestructura de puertos, transporte, gestión y logística.

Los valores de dicho adicional, por cada tonelada o fracción superior a 500 kg. de mercadería, varían dependiendo si se trata de mercadería cargada en buques, mercadería descargada de buques, o mercadería removida.

Dicho adicional no es aplicable a mercadería en tránsito, trasbordo o tráfico, productos áridos (arena, piedra, etc.), y mercadería vinculada con la actividad pesquera.

Una importante novedad es la reglamentación del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, oportunamente creado por la Ley General de Educación, y que grava todo aumento de riqueza a título gratuito que comprenda bienes situados en la Provincia y/o beneficie a personas allí domiciliadas. Se encuentran exentos de este impuesto los casos en que el valor de los bienes transmitidos, en conjunto, sea igual o inferior a $ 3.000.000. La alícuota del tributo es progresiva a partir del 5 %, dependiendo del monto de la base imponible y el parentesco con el causante y/o donante.

Asimismo, entre otras modificaciones:

a) se incorpora a las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) y a las Asociaciones de Colaboración Empresaria (ACE) como responsables del pago de las obligaciones fiscales generadas por tales uniones y asociaciones;

b) se eleva a $ 50.000.- el monto de la obligación fiscal determinada, de la multa aplicada, o del gravamen objeto de repetición a partir del cual se podrá presentar el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Provincia;

c) se modifican las causales de suspensión de la prescripción en materia de obligaciones tributarias;

d) se elimina el tope de deducciones en el Impuesto a los Ingresos Brutos, por devoluciones, bonificaciones o descuentos, de hasta el 5 % de la base imponible;

e) se dispone que la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) podrá establecer regímenes especiales de información o presentación de declaraciones juradas adicionales, a fin de verificar la procedencia de las deducciones computadas.

Todas estas modificaciones son de aplicación a partir del mes de noviembre de 2009, mientras que el impuesto a la transmisión gratuita de bienes regirá a partir del 1º de enero de 2010.